La Cámara Legislativa provincial discute por estas horas la adhesión a la Ley Nacional 27.499, normativa que lleva el nombre de Micaela García, una joven entrerriana víctima de un femicidio perpetrado por un hombre que ya había sido condenado por violación. La norma busca poner de relieve las diferencias estructurales del entramado social que hacen que las mujeres, en la práctica, no tengan ni los mismos derechos, ni las mismas garantías que los hombres.

Esa ley, que es una de las herramientas que surgen con el objetivo de prevenir la violencia de género, encuentra resistencia en el parlamento fueguino. Sus principales detractores son Ricardo Romano, Ricardo Furlan -ambos del FVP-PJ-, Cristina Boyadjian y Pablo Villegas, ellos del Movimiento Popular Fueguino.

En un encuentro informal en el ámbito de la comisión de salud (que es donde se encuentra frenado el tema) estuvo presente la familia de Micaela García, quienes promueven la adhesión de las provincias a la Ley 27499. El relato de Néstor García en ese ámbito fue absolutamente conmovedor:

“A Micaela en la madrugada del primero de abril de 2017 es cuando, volviendo del boliche, la suben a un auto, la violan y la matan. El 31 de Marzo el que está condenado por violación Sebastián Wagner, intentó violar a una menor. En la mañana del 31 de marzo, el papá de la menor fue a hacer una denuncia y el policía que la atendió, que nosotros siempre aclaramos que no tenemos nada contra ese policía y si nos dice yo fui, le damos un abrazo porque él no tiene la culpa de que nadie lo haya capacitado. Como la jueza había salido, le dijo “vení y hacé la denuncia el lunes.” Wagner estaba con libertad condicional. Si ese policía hubiese actuado con conciencia de género, Wagner hubiese estado detenido y no se hubiese podido encontrar con Micaela”.

Las capacitaciones en materia de género salvan vidas. Las vidas de las pibas. De esto se podrían haber enterado quienes se oponen a esta ley, pero no estuvieron presentes. Tal vez no se atrevieron a mirar a los ojos de ese papá y de esa mamá para decirles que están “en contra del adoctrinamiento de género” como tan livianamente declaró Ricardo Romano en diálogo con FM del Sur.

Liliana Martinez Allende (presidenta de la Comisión de Salud), Marcela Gómez, Angelina Carrasco, Myriam Martínez, Andrea Freites todas del FPV-PJ, Monica Urquiza (MPF) y Oscar Rubinos (UCR-Cambiemos), participaron del encuentro y se comprometieron ante los padres de Micaela a realizar una reunión formal de la Comisión de Salud y firmar el dictamen para que la Provincia cuente con la Ley Micaela.

Pero también se comprometieron a llamar a una Confederación religiosa para escuchar sus planteos sobre la norma a pedido del abogado Jorge Hernández, quién se presentó como un “particular” y quien es candidato suplente de la lista de legisladores de Unidad Fueguina.

El “particular”, tuvo esa brillante idea porque quiere ver “qué tiene para decir este sector”. El abogado particular es cercano a los legisladores Romano y Furlan, ausentes en la comisión y curiosamente dos parlamentarios que ponen palos en la rueda en la discusión sobre la Ley Micaela.

Los parlamentarios presentes anticiparon que escucharán a esta Confederación, pero que igual firmarán el dictamen para que la ley salga. Será interesante ver eso. Lo que más preocupa es que esta Confederación introduzca modificaciones a la iniciativa. Y por eso, vale la pena decir que si eliminan la obligatoriedad de las capacitaciones previstas en la normativa nacional, la Ley Micaela pierde su espíritu.

Hay consignas vacías de sentido que empapelan la ciudad afirmando que salvan vidas, sin embargo las destruyen. Por otro lado, hay herramientas concretas de un Estado activo, que protegen a las mujeres de la muerte.

Si ese policía hubiese estado capacitado en perspectiva de género, hubiese sabido que las denuncias por violación se toman en el acto. Wagner hubiera estado detenido. Micaela hoy estaría viva.

Salvemos a las pibas.

 

Luz Scarpati

 

 

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