En mayo de 2012 comenzó el debate que dio origen al Código Contravencional de Tierra del Fuego AIAS. La discusión generó polémica en diferentes sectores de la sociedad, que vieron la norma sancionada como una ley restrictiva que atentaba contra el derecho a la protesta de los trabajadores.

Luego de dos años de debate, el parlamento fueguino aprobó el flamante Código Contravencional el 4 de diciembre de 2014. Un mes después de la sanción de la Ley Provincial 1024, la CGT seccional Ushuaia informó a través de un comunicado que pedía la inconstitucionalidad de la norma por considerar que sancionaba acciones vinculadas con la protesta. Por otro lado el Superior Tribunal de Justicia emitió la Acordada 11/15 por la que se creaba la estructura judicial necesaria para aplicar el código. Pero no hubo presupuesto y se postergó su entrada en vigencia. Y se postergó en 2016, en 2017, en 2018 y en 2019 también. Según la Ley Provincial 1262, el Código Contravencional comenzaría a implementarse a partir del 1ero de Febrero de 2020. El potencial no es casual, porque no hay indicios que esto vaya a suceder.

La necesidad de avanzar en un Código Contravencional, tenía que ver con que en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur rige el Decreto Territorial N° 77/59 y su anexo llamado “Digesto de Edictos” que faculta a la policía provincial a detener y privar de la libertad mediante penas de arresto a los ciudadanos que considere que han infringido alguna contravención.

Durante 2012 los abogados Francisco Giménez y Roberto Gómez escribieron el documento “La situación contravencional en Tierra del Fuego” y en éste redactaron: “A modo de conclusión podemos afirmar que resulta impostergable el acto administrativo –no requiere ley formal- que derogue los edictos policiales e instruya a la policía de la Provincia para que no los utilice. La simple creación de “parches”, o prácticas policiales que morigeren los efectos de la aplicación de los edictos no alcanzan para salvaguardar el derecho más elemental que tenemos los hombres para el ejercicio de todo lo demás: la libertad ambulatoria.”

“La sanción de un nuevo código que remplace a los edictos policiales vigentes desde 1959 representará una operación de limpieza y descarte de disposiciones antiguas y anacrónicas que vulneran la libertad de los ciudadanos”.

Por otro lado, la Asociación Pensamiento Penal, en ese mismo año, envió una nota a la -por ese entonces- gobernadora de Tierra del Fuego AIAS, Fabiana Ríos, en la que se remarcaba que “La existencia de legislación de carácter penal, como lo son los edictos policiales que regulan la materia contravencional en el territorio de la provincia de Tierra del Fuego, dictados por el Poder Ejecutivo, comporta un orden paralegal absoluta e insanablemente nulo que en los hechos implica el arrogamiento de potestad exclusiva y excluyente del Poder Legislativo”. Es por esa razón, que instaban a la eliminación de esa normativa ya que no respeta el derecho a la defensa en juicio, ni el debido proceso legal, dado que pone en cabeza del Jefe de Policía los roles de acusador y juez, mientras que el acusado actúa la mayor parte del proceso –cuando no todo- sin ser asistido por un defensor. Es decir, el Decreto 77/59 está plagado de disposiciones inconstitucionales abiertamente contrarias a los derechos humanos.

La vigencia de los Edictos Policiales en Tierra del Fuego AIAS, pone a la Provincia en situación de incumplimiento con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso “Bulacio” emitida durante 2003. Walter Bulacio murió a los 17 años, en abril del ’91, como resultado de haber sido torturado a golpes por la policía de la comisaría 35ª después de ser detenido durante una razzia a la salida de un recital de los Redondos. En el fallo, el organismo le encomendó al Estado argentino “adecuar el ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales de derechos humanos, y darles plena efectividad, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Sin embargo, los edictos policiales fueguinos, sobrevivieron.

En 2005, el entonces Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, firmó el Decreto 1086/05, por el cual se instaba a derogar de todos los códigos provinciales y municipalidades las figuras contravencionales “abiertas” que habilitan a la policía a realizar detenciones arbitrarias sin intervención judicial previa. Pero, los edictos policiales fueguinos, sobrevivieron.

En 2008 y con el objetivo de darle cumplimiento a la sentencia emitida por la CIDH, Aníbal Fernández (a cargo del Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación Argentina) emitió la Resolución 2209, por la que ordenó la conformación de una comisión de expertos, para modificar las normas y edictos policiales que funcionaban en unas cuantas provincias argentinas, entre ellas Tierra del Fuego AIAS. Pero los edictos policiales, sobrevivieron.

En el 2014, la Cámara Legislativa sancionó el Código Contravencional, con todos esos antecedentes, para cerrarle la puerta a las arbitrariedades. Para ajustarse a derecho. Para cumplir con la manda de la CIDH, pero los edictos policiales fueguinos, aún hoy sobreviven.

 

Luz Scarpati

 

 

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