El Superior Tribunal de Justicia continúa ejecutando honorarios de los Defensores Públicos a personas sobreseídas. Durante 2017 la organización feminista La Hoguera cuestionó esta política del organismo cuando la Prosecretaría de la Oficina de Tasas de Justicia, dependiente del máximo órgano judicial de la Provincia, intimó a dos mujeres a pagar la suma de 7 mil 500 pesos en concepto de honorarios del Ministerio Público de la Defensa, luego de que fueran absueltas en una causa caratulada como “Aborto consentido”.

El Superior Tribunal de Justicia continúa aplicando esta postura: en esta oportunidad, condenaron a Angélica a pagar la suma de 20 mil pesos en concepto de honorarios de los defensores públicos que intervinieron en una causa en la que se le imputó el delito de defraudación en los términos del artículo 172 del Código Penal. El 19 de agosto de 2016, la mujer, ama de casa, fue sobreseída sin costas por el Tribunal de Juicio en lo Criminal (TJC) del Distrito Judicial Sur -integrado por los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Guillermo Jorge González- pero en la misma sentencia los magistrados regularon los honorarios de los doctores Juan Carlos Assan -que renunció a su cargo luego de que se hiciera público el cobro en electrodomésticos que le solicitaba a sus defendidos- y Guillermo Echagüe, por los servicios prestados durante el litigio.

Es contradictorio el criterio que aplica el Tribunal de Juicio en lo Criminal, ya que en el primer punto de la sentencia sobresee a la imputada sin costas, pero acto seguido regula honorarios intimándola a realizar el pago en un plazo de 30 días de adquirir firmeza la resolución. El Código Procesal Penal de nuestra Provincia reza en el Artículo 494:

Las costas consistirán:
1) En el pago de la tasa de justicia.
2) En los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos.
3) En los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa

Esta forma de proceder del TJC, además de contradictoria, es tan recurrente que el propio Defensor Mayor del Distrito Judicial Sur, Dr. José María Fernández López, presentó un recurso de casación, solicitando en otro caso que los miembros del Superior Tribunal de Justicia reviertan el criterio establecido. Lo loco es que el mismo organismo que deberá resolver esta situación es el que percibe y persigue el cobro de los honorarios.

Pero la discusión no es sólo de técnica jurídica, también es -como casi todo- política. El criterio que aplica el TJC obstruye el acceso a la justicia toda vez que el Estado intente cobrar por haber llevado adelante una prosecución penal contra una persona -en donde está en juego nada menos que la libertad- que además terminó con su sobreseimiento.

Párrafo aparte merece el cobro de honorarios de los defensores públicos para personas en situación de desigualdad social y económica, como es el caso de Angélica, que para agregar no cuenta con los recursos para afrontar el pago que le imponen.

Luz Scarpati

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