Ante un cambio de gestión, la película se repite sin que importe el color partidario que asume la conducción del Poder Ejecutivo: despidos masivos de los y las ingresantes a planta permanente que no cumplen con un año de antigüedad. Los argumentos suelen ser siempre los mismos: irregularidades en las designaciones; sobredimensión de la administración pública; ingreso de punteros políticos que entorpecen la nueva administración; y discrecionalidad.

Este juego perverso e irresponsable está socialmente aceptado: “La política es así”, comentan en los pasillos los sindicalistas, los referentes de organizaciones sociales, las autoridades partidarias y los abogados laboralistas. El costo de ese juego, que no conoce de perspectiva de género, son las mujeres en situación de vulnerabilidad. Víctimas de violencia machista, personas trans que están excluidas del mercado laboral formal, mujeres bajo licencia por maternidad, mujeres que vieron a sus hijas asesinadas y hoy cuidan de sus nietas. Todas ellas ingresaron al Estado y fueron despedidas sin que se evaluara las particularidades que las atravesaban. Sucedió cuando asumió Rosana Bertone como gobernadora y sucedió cuando asumió Gustavo Melella como gobernador. Porque el patriarcado no conoce de banderas políticas. Hoy, mejor dicho, las conoce todas.

Erika Moreno, referente de Red Diversa Positiva, ingresó a la planta permanente del gobierno provincial durante los últimos meses de la gestión de Fabiana Ríos. Pertenece a la tanda de mujeres despedidas de 2016. Nadie contempló que el acceso al mercado laboral formal es una deuda pendiente que aún hoy tiene el Estado con la comunidad trans. Según el INADI, el 90% de las personas trans no están incorporadas al mercado del trabajo y el 73% no completa el secundario. En Argentina, las personas trans tienen una expectativa de vida que ronda los 35 años y eso se explica por la exclusión social total. Todo esto fue omitido a la hora de dar de baja su designación. Erika quedó desempleada.

Linda Pacheco, quien denunció a su ex pareja por violencia de género el año pasado, forma parte del grupo de mujeres despedidas de 2020. En este caso, la gestión de Gustavo Melella no tuvo en cuenta que el trabajo estable proporciona a las mujeres independencia económica, ayudándolas a romper el vínculo con el violento. Además, incrementa la confianza en sí mismas, amplía su círculo social y fortalece su redes de apoyo. Es decir, se convierte en uno de los mecanismos preventivos para evitar que la situación de violencia se vuelva a producir en el futuro. Linda quedó desempleada.

En 2016, la gestión Bertone dio de baja la designación de una mujer que había sido incorporada en planta permanente y que estaba transitando la licencia por maternidad. En 2020, un caso similar, pero esta vez al día siguiente de terminado el beneficio de la licencia. Dos mujeres con niños recién nacidos, en dos momentos distintos. En ninguno de los dos casos, ninguna de las dos gestiones consideró la necesidad de esas madres de contar con un trabajo estable y las dificultades que supone la búsqueda de empleo de mujeres con niños pequeños. Ambas quedaron desempleadas.

Elizabeth Llanos es madre de Daniela Rutherford asesinada por su pareja Alan Viale -hijo del ex espía Pedro “El Lauchón” Viale- en noviembre de 2015. El año pasado, un jurado popular de Mercedes condenó a Viale -quien también prestó servicios en la Secretaría de Inteligencia- por ese femicidio. La hija de Daniela quedó a cargo de Elizabeth, que fue designada en planta permanente durante el último año de la gestión Bertone y despedida en enero de este año, para luego ser reincorporada; pero esta vez con una planta política.

La lista sigue. Este recuento deja en evidencia la falta de perspectiva de género con la que trabajan todas las administraciones gubernamentales, por más carteles, frases lindas y capacitaciones que realicen.

Párrafo aparte merecen las mujeres que integran las filas de los diferentes gobiernos y que luchan diariamente por romper con las estructuras patriarcales que aún hoy rigen en los partidos políticos.

La respuesta a la primera marcha “Ni Una Menos” en 2015 fue la incorporación del agravante “violencia de género” al Código Penal. La respuesta punitivista del Estado frente a reclamos sociales es la más barata y la menos eficiente. El incremento de la cantidad de femicidios desde esa fecha hasta la actualidad son una prueba de esa afirmación. Marzo tiene más mujeres asesinadas por violencia machista que días transcurridos.

Hay otras normas que permiten al Estado incentivar el cambio socio-cultural profundo que se necesita para erradicar la violencia hacia las mujeres. Leyes de acción positiva que buscan la integración de los grupos vulnerados. O la Ley Micaela que permite repensar el abordaje de estas viejas prácticas de la política. Para todo se necesita más presupuesto e iniciativa. Y esa decisión es responsabilidad de quienes gobiernan.

Luz Scarpati

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