El Presidente firmó, en enero de 2017, el DNU 70/2017, que fijaba condiciones más estrictas para el ingreso y la permanencia de extranjeros en el país y la rápida expulsión de los ciudadanos de otras naciones que tenían antecedentes penales, además introducía cambios en la ley de migraciones (25.871). En medio de una fuerte controversia, las organizaciones de migrantes denunciaron que la norma estigmatizaba a los extranjeros, lo que desencadenó un fuerte debate. Dos meses después, la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la norma como inconstitucional.

En Jujuy, el gobernador Gerardo Morales envió una carta a la ministra de salud de Bolivia, tras una polémica por el cobro de prestaciones médicas a un argentino en el país hermano. El referente de Cambiemos opinó: “Al final terminamos siendo los tontos del barrio”.

El Gobierno de Chubut, en cabeza de Mariano Arcioni, instrumentó una serie de medidas para agilizar la expulsión y prohibición del ingreso a la provincia de ciudadanos extranjeros condenados, que tengan antecedentes penales o condena no firme por delitos. Quien defendió la iniciativa ante los cuestionamientos constitucionalistas, fue el ministro de gobierno chubutense, Federico Massoni: “No podemos permitir la delincuencia importada”.

Tierra del Fuego AIAS se alínea con estas acciones, ya que el ministro de gobierno y justicia, José Luis Álvarez adelantó que la administración Bertone planea imitar a Chubut. Dijo el funcionario en declaraciones FM Del Pueblo: “Hemos visto un auge del delito de narcotráfico, en Río Grande hay mucha incidencia de extranjeros en esos delitos”.

De estas declaraciones que buscan defender medidas estigmatizantes se desprende desconocimiento y tufo a xenofobia. No es menor el escenario electoral en el que se presenta este debate, y ese contexto eleccionario pone de relieve que la discusión sobre los extranjeros que delinquen no es otra cosa que populismo de derecha.

Las afirmaciones del Dr. Álvarez se pelean con la realidad. En épocas electorales hay quienes buscan un enemigo externo que sirva como chivo expiatorio para responsabilizarlo por los problemas de seguridad. En este caso se vincula a los extranjeros con el delito, cuando en términos concretos las cifras no se condicen.

Según la Organización de Naciones Unidas hay 2 millones de residentes no nativos en Argentina, es decir, un 4,2% de la población total. Y, según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, la cantidad de extranjeros detenidos en relación a la población penitenciaria completa de la Argentina alcanza sólo al 6%, es decir unos 4300 sobre 71.000 presos. Esto quiere decir, que sólo el 0,2 % de los extranjeros que residen en el país está detenido. La cifra se mantuvo más o menos estable en los últimos 10 años, según datos oficiales. Entonces ¿por qué se pone este tema en agenda, si la incidencia de extranjeros en el delito es mínima? Hablamos de esto porque estamos en un año electoral y hablar de esto garpa.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) adelantaron, en declaraciones a Desde Estudio (FM Centro), que realizaron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para poner un freno a estas líneas de acción que puso sobre la mesa el Gobierno de Cambiemos y a las que muchos se plegan con tal de conseguir un poroto más que los cuele hacia el puesto más expectante en los próximos comicios.

Raísa Ortíz Cetra, abogada del CELS y especialista en migrantes alertó que la medida adoptada por Chubut (y que Tierra del Fuego AIAS pretende imitar) es inconstitucional por varias aristas, ya que “expulsar a los migrantes y la política migratoria Argentina es facultad del Poder Ejecutivo nacional”, y también porque “según la ley no se puede expulsar a nadie sin debido proceso, sin análisis de su situación en el país”.

Además de la discusión casi de técnica jurídica hay una preocupación política, porque estas medidas y las declaraciones de los funcionarios que las defienden estigmatizan a la población migrante al mezclar la seguridad con la política migratoria, y esto genera un rebote social de xenofobia que se dispara cuando los extranjeros van a “los centros de salud, cuando van a matricular los hijos a la escuela y hasta en la calle reciben gritos”.

Vincular la seguridad con la política migratoria funciona como un instrumento de tracción social bastante grande para gobiernos conservadores que buscan votos. Este fenómeno no es aislado, ni nuevo. También en los ’90 se vivieron brotes de xenofobia muy altos, y no es casualidad que -como hoy- Argentina atravesaba una situación económica difícil. Para la letrada del CELS esto se debe a que “cuando hay una crisis se busca focalizar en un otro externo para no asumir una responsabilidad en cuanto a lo que tiene que ver con las políticas económicas que se aplican”.

Poner este tema sobre la mesa electoral no tiene otro fin más que recolectar votos a costa de impulsar la xenofobia. Todos los sectores llevan como bandera de sus plataformas políticas la obra pública, cosa que está muy bien. Falta la discusión en el campo ideario, porque son esas batallas las que aportan a la construcción de un mundo mejor, aunque no ganen elecciones, tal vez esto resulte poco pragmático para los peronistas.

 

Luz Scarpati

 

 

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