Corre el año 2017. Después 23 meses del gobierno de Cambiemos, noticias inquietantes llegan a la provincia de Tierra del Fuego AIAS desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires: una reforma tributaria que implica la “disolución territorial de ese estado” según las propias palabras de la gobernadora Rosana Bertone. Esas modificaciones a los impuestos sobre las importaciones parieron un acuerdo, en el que los trabajadores tuvieron que elegir entre “dunga dunga o muerte”, como expresó Oscar Martínez, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), seccional Río Grande.
El acuerdo -aún vigente- tiene cuatro partes: la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales Electrónica (AFARTE), representando a la patronal, que se comprometió a mejorar la competitividad y sostener los puestos de trabajo; el Gobierno Nacional, que estableció un esquema progresivo para eliminar esos impuestos; el Ejecutivo Provincial, que anticipó que mejoraría los costos en la logística; y los trabajadores, que aceptaron congelar sus salarios por dos años.
Después de 14 meses de la firma de ese polémico acuerdo y una inflación de 50,4% (para la región patagónica), se puede inferir a qué hacía referencia Martínez cuando habló de “dunga dunga o muerte”. Si bien la planta de trabajadores se sostuvo a lo largo de este tiempo, pareciera que el convenio firmado no hizo más que prolongar la agonía de un subrégimen industrial que el Gobierno Nacional no está dispuesto a sostener.
La UOM difundió un relevamiento del estado de situación que atraviesan las diferentes fábricas electrónicas en la Provincia. El panorama es árido: suspensiones, retiros voluntarios y amenazas de despidos son los tópicos que se repiten en las paralizadas líneas de producción.
Oscar Martínez resumió la situación en declaraciones a Fm Centro: “Tenemos una industria afectada en todas las ramas, textil, plástico, vidrio y la electrónica. Esto es producto de que el consumo cayó de manera estrepitosa por la falta de poder adquisitivo, derivada de las devaluaciones que ha llevado adelante una política absolutamente de especulación que impulsa el gobierno nacional y que favorece al sector financiero, a la banca y a algunos poco que manejan grandes fortunas”.
El gremialista explicó que el acuerdo está vigente “hasta junio de 2020”, pero que “hay una pretensión, incluso desde la propia patronal, de darlo por caído” y adelantó que desde el sindicato solicitaron “una reunión urgente con AFARTE para discutir la continuidad laboral, las condiciones laborales y también el salarios, porque entendemos que los niveles de inflación han superado cualquier expectativa”.
Martínez reclamó el acompañamiento de toda la sociedad a la hora de luchar contra las políticas implementadas por la administración macrista y cerró diciendo: “Estamos siendo expulsados de una provincia donde soñamos construir un futuro”.
Luz Scarpati
