El origen de la causa proviene de la construcción de parte del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de 128 viviendas, destinadas a afiliados del Sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que se efectuaría con fondos del Programa Nacional “Techo Digno”, en terrenos cedidos por la Municipalidad de Ushuaia, en la urbanización Barrancas del Río Pipo.

El Juzgado de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Sur, a cargo del Doctor Javier De Gamas Soler, citó a indagatoria para este mes a 11 imputados en la causa caratulada “Arana, Miguel Ángel y Belbey, Alberto s/defraudación”. A la fecha, hay 17 damnificados. Las maniobras fraudulentas habrían beneficiado a los incriminados con la suma aproximada de $8.145.000 y U$S52.000.

El gremio debía confeccionar un listado de postulantes a ocupar las casas y el IPV, por su parte, además de llevar adelante la construcción de las unidades, debía controlar que los postulantes cumplieran con los requisitos necesarios, y hasta la entrega definitiva de las viviendas, no debía exigir sumas dinerarias a los adjudicatarios.

Ante la alta demanda de inscriptos en acceder al beneficio, en junio de 2011 se llevó adelante un sorteo de aspirantes, que luego debía ser evaluado por el Instituto Provincial de la Vivienda.

Sin embargo, según se desprende de la ampliación del requerimiento fiscal, de acuerdo al testimonio de algunos aspirantes, se hicieron gestiones ante el Gobierno de la Provincia para “incluir a otras personas que no habían participado del sorteo” y que, incluso, “tampoco se encontraban afiliadas al Sindicato de ATE”.

Tras la labor de la Policía Científica, el representante del Ministerio Público Fiscal, Nicolás Arias -que lleva adelante la causa- luego de analizar los 11 cuerpos de la investigación imputó a Miguel Ángel Arana, Carlos Hipolito Córdoba, Francisco Freire Acosta, Hugo Fabián Aguirre, Leandro Santillán Mulvihill, Omar Alberto Calquín, Lilian Galli y Daniel Alberto Belbey, por “haber defraudado mediante nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño a las personas, a 17 damnificados, al ofrecerles a venta viviendas sociales”.

Leandro Santillán Mulvihill y Omar Alberto Calquín oficiaron de intermediarios en numerosos oportunidades, acercando a los interesados en acceder a las viviendas a Miguel Ángel Arana, recibiendo incluso pagos o bienes en su representación.

En el caso de Lilian Galli, para el Fiscal “no se puede descartar su activa participación en las gestiones para que se concrete la estafa, al menos respecto de una damnificada”, ya que en uno de los audios aportados ésta le manifiesta que “por no ser afiliada al gremio debían encontrarle otro marco legal y que lo estaba hablando con Córdoba”.

Por último, respecto de Daniel Alberto Belbey, su intervención se vio acotada por una única intermediación y percepción de sumas de dinero de parte de uno de los denunciantes.

El delito

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, Miguel Ángel Arana, Carlos Córdoba, Francisco Freire Acosta, Hugo Fabián Aguirre, Leandro Santillan Mulvihill, Omar Alberto Calquín, Lilian Galli y Daniel Alberto Belbey habrían cometido el delito de estafas reiteradas. En tanto que Arana y Córdoba, por las funciones que cumplían dentro del gremio, pudieron haber cometido el delito de defraudación por administración fraudulenta, al menos en grado de tentativa.

Las sumas obtenidas producto de las estafas en perjuicio de los aspirantes a las viviendas, se habrían destinado a la compra de maquinaria vial y camiones, con la participación directa de Arana en dichas operaciones, formalizadas con la titular de la empresa ‘Gi.Mi.’ y/o ‘G&M’, cuya titularidad recaía en Escobar”, quien es pareja de Arana, evaluó Arias.

Arana y su función como empleado municipal

En virtud de la función pública de Miguel Angel Arana en la Municipalidad de Ushuaia, no se descarta que se haya interesado en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación que intervenga en razón de su cargo, en forma directa o por persona interpuesta o por acto simulado.

Según surgió del testimonio del titular de una concesionaria, en oportunidad de concretar la compra de maquinaria vial con Arana, éste le había manifestado que “estaba poniendo toda la empresa a nombre de su pareja Gisela Edith Escobar, ya que era funcionario municipal y no podía contratar con la Municipalidad de Ushuaia”.

Asimismo, del legajo prontuarial de Miguel Ángel Arana surgió una actualización donde éste manifiesta ser apoderado de la firma “Janes Construcciones” la que a su vez podría tener relación con las firmas “GI.MI.” o “G&M” o ser homónima.

 

Sabrina Romano

 

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